El punto final en la historia de Sintrasema Amagá

La renuncia forzada al fuero sindical (El plan pistola contra Sintrasema Amagá: Una devastadora acción)


Con la intención de no dejar ninguna posibilidad a la existencia de Sintrasema Amagá, el alcalde les dijo a los exintegrantes de la junta directiva que debía ir con ellos a Titiribí para “legalizar” la renuncia al sindicato.

El 14 de enero del 2002, el último grupo de once trabajadores que seguían afiliados fue llevado bajo presión al municipio de Titiribí, por parte del alcalde William Muriel, el tesorero Gabriel Ángel Moreno, el jefe de obras Mario Palacios y el asesor jurídico Alejandro Piedrahíta Ortega.

Lo anterior, para que presentaran su renuncia “voluntaria” al fuero sindical, ante el juzgado civil del circuito judicial de este municipio, cuya decisión deberían sustentar en su interés de acogerse a la Ley 617. Sin embargo “él no aplicó la ley 617, sino la 7.65 en la cabeza”289.

Nosotros le preguntamos al alcalde si podíamos decir que íbamos a renunciar al fuero sindical por presión de los paramilitares, a lo que este personaje respondió que no podíamos decir eso, que se le ponía la piel de gallina cuando mencionaban eso, que dijéramos que nos queríamos acoger a la Ley 617. (290). El asesor jurídico del municipio, Alejandro Piedrahíta, también les advirtió a los trabajadores que no debían mencionar lo ocurrido con los paramilitares.

Incluso redactó un documento para presentar ante el juzgado, en el cual decía que las obreras y los obreros sindicalizados habían renunciado voluntariamente al sindicato y a la empresa.

Cuando llegaron al juzgado y manifestaron el motivo de su presencia, el secretario del juez les cuestionó sobre la decisión, manifestándoles que el fuero sindical era irrenunciable, por lo cual no podría llevar a cabo dicho trámite.

En vista de que el juez no se encontraba, este funcionario les dijo: que si era su voluntad, debían redactar un documento firmado por todos, y así se hizo. Sobre la camioneta de la administración municipal, Alejandro Piedrahíta, abogado del municipio, elaboró un documento, a puño y letra, donde se estipulaba que los dirigentes renunciaban al fuero sindical. En ese momento, una de las dirigentes expresó que si los trabajadores firmaban, ellos como funcionarios también deberían hacerlo.

El documento quedó firmado por los trabajadores, el alcalde William Muriel y el asesor jurídico Alejandro Piedrahíta. Una de las exdirigentes fue enviada a radicar el documento en el juzgado y al llegar allí, el juez le colocó el sello, la fecha, la firma. Con mucho temor, pero pensando en que más adelante esta podría ser una prueba de la vulneración contra ellos cometida, la exdirigente se dirigió a una notaría municipal para autenticar dicho documento. Aunque la alianza entre los paramilitares y el Estado había logrado consumar la renuncia colectiva a Sintrasema Amagá, el fuero sindical continuaba protegiendo a los exintegrantes de la junta directiva, lo cual se constituía en el principal impedimento para una administración municipal que buscaba disfrazar el exterminio de un sindicato bajo la aplicación de la Ley de Ajuste Fiscal.

El hecho de obligar a los trabajadores a renunciar al fuero sindical significaba entonces para el alcalde la supresión del único obstáculo que le quedaba para montar la farsa de que la culminación de los contratos de trabajo obedecía al déficit presupuestal que tenía el municipio. Algunos exlíderes sindicales tuvieron conocimiento de que los paramilitares, en cabeza de Efraín Mendoza, recibieron una suma de dinero por parte de la administración municipal, en contraprestación por la presión y la violencia ejercida contra los sindicalistas afiliados a Sintrasema Amagá (291).

Tal hecho se habría llevado a cabo en la cantina la Gata Negra, que para la época era administrada por el presidente del Concejo Municipal Carlos Morales. Allí habría llegado el jefe paramilitar a reclamar lo que el alcalde le pagaría por “su trabajo”. Algunos testigos manifestaron que el presidente del Concejo le entregó el dinero en una bolsa de manila. Así, y aunque no se tiene un dato exacto, se presume que en aquel momento fueron contados cinco millones de pesos. Ese sería el “costo” que la administración municipal asumió por el exterminio del sindicato y la desvinculación laboral forzada de los trabajadores oficiales del municipio de Amagá, como fue el caso del presidente del sindicato (292).

La amenaza colectiva y lo acontecido con el presidente del sindicato fueron dos hechos que marcaron un hito histórico y fatal en el devenir de la organización sindical. Cercenado el liderazgo de este dirigente sindical y generado un ambiente provisto de terror, de incertidumbre, de zozobra, no se hicieron esperar los daños y los impactos individuales y colectivos. Además, este terrible suceso llevó incluso a que los demás integrantes del sindicato, que también habían sido víctimas, se abstuvieran de presentar denuncias en un acto de solidaridad por el temor a las represalias contra el principal dirigente sindical y su familia.

En medio de este contexto, el alcalde William Muriel empezó a enviar las cartas de despido a las trabajadoras y los trabajadores, en las que quedó estipulado que tales medidas estaban sustentadas en la Ley 617. Por pequeños grupos, los demás trabajadores continuaron siendo despedidos de forma parcial, hasta el 17 de enero de 2002, cuando salieron los 11 trabajadores restantes. Previo al periodo de violencia, el alcalde les había mencionado a los trabajadores sobre la implementación de la Ley 617 y los cambios administrativos que implicaba para los empleados públicos y los trabajadores oficiales. No obstante, con el paso de los días se pudo constatar que todos los trabajadores despedidos cumplían con la condición de ser sindicalizados 293.

Finalmente, el aniquilamiento de Sintrasema, al igual que en muchas otras experiencias, fue aprovechado para imponer unos nuevos modelos en las relaciones laborales.

En adelante, la vinculación laboral se hizo a través de cooperativas de trabajo asociado, lo cual se vio reflejado en la vulneración de derechos y la precarización en las condiciones de trabajo. Así, el principal logro de Sintrasema Amagá, la estabilidad laboral mediante el contrato laboral a término indefinido, sucumbió ante la arremetida de la violencia paramilitar.

En efecto, hoy prevalece en Amagá la tercerización laboral, a través de la cooperativa denominada Empresas Públicas de Amagá, Epama. Los obreros que desempeñan las labores que antes hacían los trabajadores afiliados a Sintrasema no son trabajadores directos de la administración municipal.

Además, cuentan con una gran limitación: no se pueden afiliar a un sindicato, ya que la inestabilidad laboral a la que están sometidos se constituye en el principal obstáculo. Como consecuencia de la vulneración a los derechos humanos y a los derechos laborales, se vislumbra actualmente en Amagá una profunda afectación a las libertades sindicales y las garantías democráticas.

De otro lado, el paso de la violencia contra Sintrasema Amagá generó impactos diferenciados, algunos de los cuales se concentraron en las mujeres víctimas, sindicalizadas y no sindicalizadas. Respecto a quienes fueron afiliadas y/o directivas del sindicato, algunas de las afectaciones que tuvieron que enfrentar fueron: i) La supresión de los contratos de trabajo y la pérdida de derechos laborales tuvo como resultado que dejaran de recibir su salario, lo que afectó su autonomía, ya que pasaron a una condición de dependencia económica de sus esposos y/o familiares. Ello sin contar con las dificultades económicas que afectaron la calidad de vida, no solo de más de treinta obreras y obreros, sino de la de sus familias.

Así lo reflejan los testimonios de las mujeres víctimas. ii) Debido al temor de algunos dirigentes sindicales, reflejado en el confinamiento en sus residencias, de manera forzada, se presentaron cambios en los roles dentro de las familias. Por ejemplo, en algunas de ellas, las esposas, quienes habitualmente se habían desempeñado como amas de casa en labores de cuidado, se vieron obligadas a salir a conseguir trabajo para obtener ingresos y garantizar el sustento del grupo familiar; de alguna manera pasaron de ser dependientes a ser proveedoras de la economía familiar, en un escenario de ausencia de oportunidades laborales para las mujeres.

Tal fue el caso de una esposa de un dirigente sindical, quien se dedicaba a las labores del hogar y al cuidado de sus tres hijos menores, estudiantes de secundaria, y de su hijo menor de un año. Luego de los hechos de violencia, le tocó desplazarse al corregimiento de Minas para trabajar durante tres años en las ladrilleras. “Mucho tiempo que yo tuve que coger las riendas del hogar porque él por temor que lo iban a matar, le daba miedo salir a la calle y me tocó fue a mí”294. Además, el control paramilitar que con la complacencia del Estado padeció la comunidad de Amagá tuvo implicaciones particulares para las mujeres. El hecho de ser obligadas, mediante la presión y la intimidación, a desempeñar labores de limpieza en las zonas urbanas públicas, también se constituyó en una forma de victimización: “Acá mandaron a carnetizar toda la gente, mujeres y hombres, las mujeres teníamos que salir a tener todo bien desyerbado y bien limpiecito”295. En efecto, la anterior situación ilustra uno de los riesgos que de manera particular afecta la vida de las mujeres en contextos de conflicto armado y que se encuentra contemplado por la Corte Constitucional en el auto 092 de 2008, auto de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004; “El riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales”296.

A partir del 2004, las trabajadoras y los trabajadores afectados por la violencia iniciaron acciones de denuncia con el propósito de conseguir su reintegro como trabajadores. Su defensa ha sido sustentada en la protección que les otorgaba el fuero sindical. Pese a que han agotado las distintas instancias legales, como lo fueron las denuncias interpuestas en la Fiscalía No. 20, en la Sijín, en el CTI, en Justicia y Paz, en Acción Social, en el Juzgado de Amagá, en la Procuraduría y en la Defensoría del Pueblo, las respuestas no han sido proporcionales al enorme esfuerzo en la lucha por el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Esto se ha presentado de manera simultánea a las denuncias adelantadas por las víctimas de la violencia que fueron integrantes del Concejo Municipal, desde el año 2002, luego de la muerte de Efraín Mendoza, de quien se dice que fue ajusticiado por los mismos paramilitares, al parecer por un ajuste de cuentas.

El 9 de diciembre del 2005, la juez penal del Tribunal Superior de Antioquia, Beatriz Sisquiarco García, mediante sentencia confirmó una condena de 36 meses de prisión contra el exalcalde del municipio de Amagá Jorge William Muriel González, como cómplice de concierto para delinquir y violación al derecho de asociación y reunión. Además, quedó inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. A pesar de que el fallo lo obliga a pagar un dinero a los trabajadores, como indemnización a los daños ocasionados, a la fecha no ha cumplido con dicha obligación (297).

Los tentáculos de la justicia no han alcanzado a todos los que estuvieron implicados en la victimización de los trabajadores oficiales afiliados a Sintrasema Amagá. Por ejemplo, el presidente del Concejo todavía desempeña ese cargo pese a las denuncias que han sido interpuestas en su contra. A pesar de que luego de la sentencia mediante la cual el alcalde Jorge William Muriel fue condenado, el Tribunal Superior de Antioquia, en cabeza de Mauricio Burgos Ruiz, abrió una audiencia pública que buscaba el reintegro de los trabajadores por haber sido despedidos ilegalmente y sin justa causa, el fallo ratificó la sentencia proferida por el juzgado del circuito de Amagá el 8 de junio de 2006 298. De acuerdo con los testimonios de las víctimas, cuando en el marco de la Ley 975 las fiscales Nubia Chávez y Adriana Restrepo habían logrado avances en la investigación y estaban a punto de esclarecer los hechos relacionados con las violaciones cometidas contra los integrantes de Sintrasema Amagá, de forma arbitraria y, si se quiere, como una estrategia de impunidad, les quitaron el proceso y lo asignaron al fiscal Carlos Bustillo en la ciudad de Montería.

Finalmente, allí caducaron los supuestos avances que en materia de investigación se habían alcanzado, llevando incluso a un grave retroceso en el proceso. Lo anterior, tomando en consideración que cuando los demandantes exigieron el traslado del caso a una fiscalía de Antioquia, con toda la documentación correspondiente al material probatorio, solo llegó una caja con la fotocopia de la cédula de una de las exdirigentes.

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