Protestas en juzgados menores de Ibagué por colapso laboral y judicial

La rama judicial cumple siete días en manifestaciones contra la sobrecarga laboral, debido al experimento con los juzgados menores en este departamento.

Dos frentes le están haciendo lucha a la congestión laboral en Ibagué. Por una parte, los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; por la otra, los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple.

Respecto a estos últimos, Diana Méndez, directiva de Asonal Judical SI seccional Tolima y trabajadora en esta área, planteó el panorama. La Ley 270 de 1996 tenía como objetivo desconcentrar la justicia para acercarla a todos los sectores de la población, especialmente, los más lejanos y deprimidos de la ciudad.

Por lo que inicialmente se previó la ubicación de estos juzgados en distintas zonas del territorio, para atender asuntos de barrios y comunas. Sin embargo, cuando entran en funcionamiento en Tolima a partir del año anterior, no lo hacen con áreas específicas, lo cual contraría la norma.

“A nosotros se nos asigna toda la competencia civil de mínima cuantía de la ciudad, esto comprende todos los procesos que van hasta 30 millones de pesos; esto alcanza al 75% de la carga laboral de la ciudad y está asignada a solo tres juzgados. En cambio, 13 juzgados civiles municipales que ya existían y venían ejerciendo hasta el año 2015, tan solo reciben el restante 25%”, indicó Méndez.

Desde el 11 de enero de este año, los juzgados de pequeñas causas han recibido más de 500 procesos cada uno, para más de 1.500. Los civiles no han recibido más de 80 procesos cada uno.

“El consejo les asigna más trabajo a menos juzgados y pretende que los tiempos de respuesta sean menores. Esto es prácticamente imposible. Nos crearon con la mitad de la planta de personal, sin escribientes y tan solo con un sustanciador. Estamos trabajando como se trabaja en los juzgados promiscuos municipales con una planta de personal de tres empleados y el juez”, dice Méndez.

Ante tremenda sobrecarga, los trabajadores han optado por protestas para visibilizar el problema, exigir soluciones y evitar circunstancias contraproducentes.

La líder sindical sustentó. “Nos estamos exponiendo a vigilancias administrativas, que ya las hay. Los usuarios han ido a quejarse por la demora en la resolución de sus procesos. También nos estamos exponiendo a investigaciones disciplinarias y a una calificación insatisfactoria de servicios por el factor rendimiento. Estamos recibiendo tanta carga que podría conllevar a que los servidores que estamos en carrera judicial y que somos sujetos de calificación, seamos excluidos de la carrera por no poder cumplir con unas metas que son imposibles”.

Las movilizaciones en Ibagué coinciden con varias en otras ciudades del país de la rama judicial, debido a un gran número de problemáticas. Mientras, el Gobierno se muestra renuente a soluciones en las negociaciones con Asonal Judicial SI.